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Por: JUAN GABRIEL GÓMEZ ALBARELLO
PROFESOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (UNAL)
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Desde la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos se comprometió a que no expandiría su propia órbita de influencia hacia el este de Europa ni hacia ninguna de las antiguas repúblicas soviéticas. Para los rusos el incumplimiento de dicha promesa mina la confianza entre ambas potencias.

 

A los ojos de Estados Unidos, Rusia despliega una política agresiva que amerita sanciones e incluso la amenaza de un conflicto militar. Bien es sabido que esto último implica el riesgo de una confrontación nuclear, pues ambos países tienen los arsenales atómicos más grandes del mundo.
 
Si uno tiene problemas de linderos y su vecino está armado hasta los dientes, lo que se debería hacer es ir a la justicia para tratar de resolver el problema. En política internacional, desafortunadamente, esta solución tiene un alcance muy limitado, en buena medida porque los vecinos más poderosos, incluido Estados Unidos, no están dispuestos a perder su poder para amenazar y coaccionar a los demás.
 
No obstante, la imagen que tiene Estados Unidos de sí mismo es la de una potencia benévola. Si ha recurrido a la disuasión mediante sanciones y amenaza de conflicto bélico es porque hay alguien en el vecindario global que está causando problemas.
 
Con suficientes armas en la mano y una sobrada capacidad para usarlas, Estados Unidos obró como policía del mundo cuando Irak invadió a Kwait. Sin embargo, este policía no se portó nada bien años después, cuando se inventó una amenaza que no existía de armas de destrucción masiva para provocar una guerra terriblemente dañina.
 
A la luz de semejante antecedente, sería bueno hacer una pausa y considerar los argumentos de Rusia para concentrar tropas en la frontera con Ucrania y sostener una fuerza paramilitar que ya ha ocupado una parte de su territorio.
 
Rusia dice que Estados Unidos obra irresponsablemente y también de mala fe. Su alegato se remonta a 1989, cuando se derrumbó el Muro de Berlín y la entonces Unión Soviética le dio la señal a los países que estaban bajo su órbita de influencia de que no intervendría militarmente, si hacían una transición hacia regímenes demo-liberales de economía capitalista.
 
El tema es que esa señal fue dada a cambio de otra que, en numerosas ocasiones, recibieron los líderes soviéticos: si permiten esa transición, así como la reunificación pacífica de Alemania, Estados Unidos no expandiría su propia órbita de influencia hacia el este de Europa ni hacia ninguna de las antiguas repúblicas soviéticas.
 
Luego vino el colapso y la desintegración de la Unión Soviética, además de la petición de Polonia, los países bálticos, Hungría y Checoslovaquia, países que los soviéticos habían invadidos antes de entrar a la alianza militar de la OTAN, y también a la Unión Europea. Débil económicamente, Rusia carecía de la capacidad de contener esa expansión. Claramente, hoy la situación es distinta.

¿Tienen razón Rusia?
 
Tres trabajos sobre este asunto –dos artículos publicados en los últimos cinco años en la revista International Security, y un libro por la editorial de la Universidad de Yale– le dan en buena parte la razón a Rusia.
 
Los artículos “Deal or no deal? The end of the Cold War and the U.S. offer to limit NATO expansion”, de Joshua Shifrinson, profesor de la Universidad de Texas A&M; “The United States and the NATO non-extension assurances of 1990: New Light on an old problem?”, de Marc Trachtenberg, profesor de la Universidad de California Los Ángeles, y el libro Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate, de Mary Sarotte, profesora en la Universidad de Harvard, coinciden en desbaratar el argumento de Estados Unidos de que no hubo y no hay un tratado que impida su expansión en la antigua órbita de influencia de la Unión Soviética.
 
Es obvio que no hay un tratado, pero sí hubo numerosas declaraciones e indicaciones de que Rusia podía tener la confianza de que Estados Unidos iba a contentarse con el fin de la Guerra Fría.
 
En suma, estos profesores coinciden en que a los rusos les asiste la razón, cuando dicen que Estados Unidos ha renegado de la promesa de no expandirse a costa de Rusia y de que eso mina la confianza entre ambas potencias. Como en el caso de la segunda e infame guerra de Irak, le corresponde a la opinión pública decirle a Estados Unidos que, por el bien de la humanidad y también por el suyo propio, lo mejor sería que retrocediera y cambiara de rumbo. Este cambio no tendría por qué disminuir su insistencia en el respeto a los derechos de los disidentes y críticos del régimen, como Alexei Navalny, objeto de medidas todas condenables.
 
Injerencia en Latinoamérica
 
Con la misma frialdad con la que se debería reconocer que Rusia tiene razón, también es posible examinar la forma en la cual Rusia se ha metido en el vecindario latinoamericano y está dispuesta a incendiarlo, si Estados Unidos no cambia de posición.
 
La amenaza de desplegar tropas en Cuba y en Venezuela, así como la de instalar misiles, forman parte de un juego político que se debería mirar con una gran entereza. Desafortunadamente, la “paz” que durante mucho tiempo garantizó el hegemon estadounidense en la región latinoamericana pareciera habernos incapacitado para lidiar con escenarios más complejos.


En efecto, en la relación con Venezuela priman dos actitudes completamente distintas, las cuales son sin embargo sintomáticas de la referida incapacidad. Por un lado, está el aventurerismo del actual Gobierno de creer que uno puede apoyar el derrocamiento de un régimen sin que eso tenga mayores consecuencias. La consecuencia más clara está a la vista: Maduro ha estrechado su relación con Rusia. Por el otro, está el pacifismo de quienes consideran que la inversión en un arsenal militar más sofisticado, incluida la compra de aviones de combate más poderosos, es un esfuerzo inútil y contraproducente pues la relación con Venezuela mejoraría, si adoptamos un tono más constructivo.
 
La manifiesta ineptitud del Gobierno para encontrar una salida razonable al estallido social se encuentra replicada en el campo de las relaciones internacionales. A diferencia del gobierno anterior, este no tiene empacho en declarar, con razón, que el régimen venezolano representa una grave amenaza a la seguridad y estabilidad de Colombia. El apoyo que le proporciona al ELN y a las disidencias de las FARC es la prueba de ello. Este análisis ha sido, sin embargo, la base para erráticas medidas como el cierre de las embajadas y oficinas consulares, lo cual ha tenido un altísimo costo humanitario y económico.
 
Viraje en política exterior
 
La política exterior colombiana, como la estadounidense, precisa de un cambio de orientación. Como lo hicieron las dos potencias durante la Guerra Fría, todo el tiempo debe haber una línea abierta de comunicación entre Bogotá y Caracas. Esto implica, necesariamente, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la adopción de todas las medidas adecuadas para aliviar la situación de la población tanto migrante como de la frontera. Simultáneamente, Colombia debe ponderar la presencia rusa en Venezuela y tomar las medidas más adecuadas para contener las amenazas a su seguridad y estabilidad.
 
El año pasado se produjo el más grave hackeo de datos de las Fuerzas Militares de Colombia en toda su historia. Los militares venezolanos lograron hacerse con los datos de todos los batallones colombianos. No es un menosprecio de la capacidad de nuestros vecinos decir que eso no pudieron hacerlo solos. El tema es que Colombia ha invertido mucho esfuerzo en ciberseguridad para que un hackeo de ese tipo se produjera. No es hacia Caracas sino hacia Moscú a donde uno debería dirigir la mirada.
 
Durante el estallido social, también el año pasado, circularon mensajes incendiarios que azuzaron a la gente de lado y lado para recurrir a la violencia por mano propia. En Estados Unidos, durante 2016, una campaña de ese tipo fue desplegada por hackers rusos con el fin de crear un clima de zozobra e inestabilidad. El mayor éxito de esa campaña fue haber logrado que muchos votantes demócratas se abstuvieran de ir a las urnas en los estados en que Trump tenía chance de ganar.
 
Las cosas con Rusia no son en blanco y negro. Tampoco lo son con China. Son enormemente complicadas. Se necesita un liderazgo a la altura de esa complejidad. Ni una postura pacifista a ultranza ni un aventurerismo irresponsable como el del actual Gobierno le convienen a Colombia.

Información tomada de: Periódico UNAL/

“Entonces estoy centrando la atención en la seguridad urbana. Aquella inseguridad inmediata es la inseguridad urbana. Se llega así al delirio de la inseguridad urbana. Con esto, los políticos van a hacer propaganda, demagogia retributiva, demagogia vindicativa. No van a resolver nada. Pero nos van a vender la imagen de que están resolviendo todo, especialmente de que están brindando seguridad. Y ¿cómo hacen eso?, a través de leyes penales”*.


Ad portas del cierre de un anodino año legislativo 2021, se daba gran despliegue informativo al proyecto de seguridad ciudadana. En efecto, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado de la República del día 21 de diciembre de 2021, se aprobaba al texto definitivo del proyecto de ley número 266 de 2021 Senado –393 de 2021 Cámara “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto que, como en algunas de las colchas de retazos que suelen tramitarse en el Congreso de la República, incluye reformas trascendentales tanto para el Código Penal, como para el Código de Procedimiento Penal, una importante sección sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones; y, aunque parezca risible (toda vez que era precisamente el objeto de reforma) un título más dedicado a normas que modifican y adicionan la ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–, y que constituye una primera crítica fundamental al proyecto en si mismo y que seguro será objeto de futuras demandas ante la Corte Constitucional, en caso que llegue a la vida jurídica, y es: La falta de unidad de materia, pues a las ya trascendentales reformas en materia de derecho penal sustantivo y derecho penal procesal, también le suma exóticas variaciones en materia de ley de convivencia (Ley 418 de 1997), Ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), Ley sobre agentes de tránsito y transporte (Ley 1310 de 2009), Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), Ley sobre comisarías de familia (Ley 2126 de 2021), Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), todo un popurrí legislativo, si así podría llamarse.

Un popurri tejido con clara intensionalidad y que reafiarma lo anotado por Zaffaroni: sí algo genera marketing político son las leyes penales y la excusa perfecta, como en el caso en cita, es la defensa de la seguridad ciudadana, es decir, devolver a los ciudadanos la sensación perfecta que “algo estamos haciendo”, con mensajes exotéricos como: “nunca más”, “caerá todo el peso de la ley” , “los buenos somos más”.

Resulta en todo caso paradójico que este proyecto tramitado, incluso con mensaje de urgencia y aprobado en las postrimerías del año 2021, a la fecha no se encuentre sancionado por el Ejecutivo y sea ley de la república. Aprobado y metido al congelador por un error de cálculo político, ya que su firma por el Presidente podría despertar la inconformidad popular y llenar las calles de protestas, algo que claramente perjudicaria el ejercicio electoral del partido de gobierno, como de sus aliados, en un año electoral por excelencia, como corresponde al 2022.

Pese a tal realidad, y bajo la sospecha que salga o no a la luz como Ley, nos concentraremos en decantar algunos de los puntos más críticos que el mismo incorpora.

La propiedad privada por sobre la vida

Con relación al Código Penal en la parte general, amplía de manera altamente discutible el concepto de legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad penal, bajo el criterio de legítima defensa privilegiada, al presumir también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno, redacción que no parece confusa pero que si es más que amplia para justificar la defensa de los bienes a toda costa, inclusive a costa de la vida del otro: ¡Sálvese quien pueda! Una especie de ley de la selva en la que los grupos hegemónicos, o quienes detentan el poder, siempre tendrán más posibilidades con relación a la defensa de sus bienes de los ataques de los pobres hostiles de a pie, un desbalance absoluto que podría justificar la barbarie, más aún sí, como lo explicaremos más adelante uno de los títulos de la Ley permite que los civiles se armen libremente.

Cadena perpetua

En materia de aplicación de la pena y su máxima duración, en total contradicción con las discutibles funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado de las que habla el mismo Código Penal en su artículo cuarto, se establece una pena de hasta 60 años para determinados tipos penales, una pena a todas luces más compatible con una cadena perpetua y con una mera función simbólica intimidante desde la prevención general negativa, es decir, generar terror en los “malos” y calma “en los buenos” con un mensaje según el cual nunca recuperaran su libertad. Se trata, no hay duda, no de un retoque al Código Penal sino de una reforma de hondo calado que incluso ameritaría aprobación mediante una ley de carácter estatutaria en la medida que modifica el tiempo máximo de privación de la libertad que se permite a partir de la comisión de un delito y, por tanto, afecta el derecho fundamental de la libertad, no siendo algo cosmético que pueda aprobarse en una ley ordinaria bajo mensaje de urgencia.

Al que no quiere sopa…

La reforma en cuestión, además, si bien modifica la pena de muchos de los delitos de la parte especial del código referido, en general, para aumentarla, agravarla o incluye variantes nuevas. En este particular llama la atención la inclusión de los miembros de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, que se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, para que en casos como el homicidio quede agravado y con una pena intensificada entre quinientos a setecientos meses de prisión, es decir, ‘vamos a sobreproteger a quienes le ponen el pecho a la protesta, y que nos protegen’. Y, en este mismo sentido, con relación a la protesta, nótese como se adiciona el artículo 353 B, para aumentar la pena de la mitad a las dos terceras partes con relación al delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, bajo la novedosa circunstancia de agravación: “1. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”, lo que los expertos al momento no han logrado decantar si incluso el uso de tapabocas en los tiempos actuales de pandemia colocaría al manifestante o no en términos de aplicación de la cuestionada agravante.

Criminalizar la protesta

En materia sustantiva penal y sin tener ocasión en esta breve artículo de ampliar para la crítica cada uno de los puntos objetos de reforma, si relevamos los aspectos en los que es ostensible que el proyecto de reforma, titulado bajo seguridad ciudadana, parece más bien una respuesta a los conflictos suscitados durante las jornadas de protesta popular que tuvieron en jaque al gobierno, y que ha encontrado como respuesta punitiva ampliar el margen de la defensa de los “buenos” contra los “malos” bajo el concepto de legítima defensa privilegiada, una protección superior a la fuerza pública para “aumentar su motivación” para actuar, y una persecución superior a las masas de protestantes para que la lucha a través de la resistencia popular no solo esté estigmatizada sino criminalizada: ¡abajo la capucha, abajo el tapabocas!, fin de la protesta.
“Ya no saldrán”

En materia procesal penal y tal como lo prometiera el Ministro del Interior en una polémica entrevista: “Ya no saldrán”. Se refería de manera un poco grotesca a la imposibilidad que las personas procesadas recuperaran su legítimo derecho a la libertad en fase de investigación, esto porque según él, en la ley de seguridad ciudadana se recogería ese clamor de los “buenos” según el cual “los delincuentes” no pueden estar entrando y saliendo de la cárcel cada que cometen un delito, ya que los jueces “tan magnánimos” ellos, siempre les ofrecen condiciones de libertad pese a contar con múltiples ingresos a prisión, condenas previas o gozar de beneficios de libertad vigilada mediante soporte tecnológico (brazalete electrónico) o detención preventiva domiciliaria. Pues bajo estas consideraciones totalmente maximalistas de intervención punitiva, la nueva Ley en cuestión cristaliza el sueño del político de turno y establece lo que será otro gran nubarrón de la misma, que cuestionamos a continuación.

En efecto, el artículo 21 modifica el numeral 5 y adiciona el numeral 8 al artículo 310 de la Ley 906 de 2004, para hacer la interpretación más extensiva posible del concepto de peligro para la comunidad y de esta manera impedir el disfrute de la libertad provisional en fase de investigación y, por el contrario, forzar la imposición de la medida de aseguramiento de carácter intramural, incluyendo factores perversos como la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional, entre otros. Pero la cereza del postre está en establecer si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico.

De modo que, la super objetivación de los factores con relación a si el procesado pone o no en peligro a la comunidad, dada la variedad de los mismos, pretende prácticamente hacer nula la aplicación del principio rector de libertad a que hace referencia el mismo Código Procesal Penal en su artículo dos, y de esta manera lograr el cometido de quienes detentan el poder de turno y es limitar al máximo la posibilidad de que los jueces de control de garantías puedan conceder la libertad provisional a las personas imputadas (que no condenadas –ver pág. 2, “En las URI el hacinamiento alcanza el ¡3.220 por ciento!”) y que prácticamente todos los detenidos sean remitidos a las cárceles o las estaciones de policía como sucede actualmente, dado que las primeras no dan abasto, y que con esta reforma mucho menos será posible. De esta manera tenemos desnudo ante nosotros, sin pudor alguno, la manifestación máxima de un Estado opresor en materia penal, siempre bajo la premisa: No pierda usted cuidado con esta norma, no es para usted, usted es de los nuestros, es para los “malos”, los mismos que requieren la terapia de la seguridad ciudadana.

…como en botica

No siendo posible abordar todos los temas críticos de la Ley en consideración, el foco del análisis se centra en el análisis de uno de los puntos más polémicos, condensado en el título IV, referido a la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones, que en un país como el nuestro, con unos altos índices no solo de violencia sino de impunidad, contempla una autorización general para portar armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones, eso sí, haciendo una declaración lacónica, que los permisos se expedirán bajo la responsabilidad del titular y no comprometerán la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga.

De esta manera, no contentos con el estado de violencia generalizado que predomina en nuestro desorden social, cumplimos el sueño de quién sabe quién de armar a la población civil, para que no solo esta Ley termine de separar “los buenos de los malos”, sino que autoriza prácticamente que “los buenos” se puedan armar para repeler los ataques injustificados de los “malos”, cubiertos, como ya se explicó, por la legitima defensa privilegiada.

Con mucha razón algunos críticos de la Ley, incluso desde el desconocimiento de las incidencias del derecho penal, han expresado que parece una Ley hecha justamente como contrarespuesta a los efectos de la reciente y generalizada protesta nacional, para que quienes están en la orilla de los “buenos” tengan mayor margen de actuación, desde poderse armar hasta matar impunemente a través de la “legitima defensa privilegiada” y que desde la orilla de los “malos” sufran el rigor del peso de la Ley: menos beneficios, menos posibilidad de libertad, mayores penas y desde la fuerza pública reciban el incentivo de saber que su vida vale diez años más de pena privativa de la libertad de las de los demás, un desequilibro total y absurdo en una sociedad marcada por los privilegios y la inequidad rampante.

Es por todo lo anotado que nos preguntamos si el desgobierno que propone esta Ley ha caído en cuenta que un año electoral no es el adecuado para poner en marcha despropósitos como los que refleja el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y por ello, a tres semanas de su rimbombante aprobación en el Congreso de la República, permanece engavetada quién sabe por orden de quién y con cuál finalidad: Si asestar el golpe ante una eventual derrota o evitar la respuesta negativa que tendría una afrenta contra la protesta social como la que propone la Ley, en la que se pretende diferenciar claramente los “buenos” (los que pueden imponer) de los “malos” (los que tienen que resistir”).
 
* Eugenio Raúl Zaffaroni, “La lógica del carnicero” Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología. Guarujá, Brasil, 16 de septiembre de 2001.

Escrito por César Alejandro Osorio Moreno
Información tomada de desdeabajo.info

Hay amigos de amigos. Quizá los primeros fueron los imaginarios, los que tuvimos a los dos años y nos acompañaron a descubrir las palabras, a reconocer el ímpetu de los colores y aprender la forma de las cosas. Nos ayudaron a espantar al monstruo de las pesadillas y a recoger hojas de otoño, cuando ni siquiera sabíamos qué era la primavera.

Pero esta columna no se trata de ellos sino de un amigo real, uno que tuve la bendición de encontrar en febrero de 2019 en un auditorio pequeño, en un centro cultural de la ciudad donde vivo. Lo había visto muchas veces en los noticieros, en tarjetones electorales y en las denuncias que nadie más se atrevía a hacer. Nunca había cruzado una palabra con él, ni presentía que muy pronto sería una de las personas que más cariño y respeto me inspirarían.

Sabía que era alguien combativo, pero ignoraba que, al mismo tiempo, era capaz de irradiar una desconcertante serenidad; sabía que era firme, pero no presentía que fuera tan conciliador, tan erudito y, a la vez, increíblemente cercano. Desde siempre me impresionó que alguien tuviera la esencia y la inteligencia emocional necesarias para sublimar el dolor por el asesinato de su padre y, en lugar de dejarse seducir por la obviedad del rencor, se hubiera convertido —como él lo ha sido desde muy joven— en un adalid de la paz.

Hoy Iván Cepeda, amigo de verdad y de la verdad, defensor de los derechos humanos y protector de los más vulnerables, enfrenta una enfermedad difícil. Él lo anunció en un comunicado y desde ese día miles de colombianos nos reunimos en el espíritu, para enviarle las mejores energías y montañas de afecto. Sabemos que Iván lleva el valor en el ADN y en el alma, él es fuerza vital, es entereza ante cualquier complejidad, y en todas sus batallas ha logrado ser resistencia, valentía y calma. Es un ejemplo cotidiano del poder de la integridad y un faro en esta historia desafiante de trabajar para que la dignidad sea una conquista palpable, que nos permita construir carácter, formar sociedad y revivir el país.

No es una frase de inventario: él, con su talante para enfrentar la adversidad y defender la paz contra maldad y marea, nos ha cambiado la vida. Él siempre persevera, incluye y muestra el camino de la cultura del respeto y la no violencia. Es la antítesis del egocentrismo, defiende causas, no dogmas, y deja siempre una puerta abierta para que una construcción colectiva nos permita algún día llegar a la paz total.

He estado con él en el fragor de las plazas públicas, en las manifestaciones de banderas blancas y en el recogimiento de su casa; en los salones del Capitolio, en situaciones hostiles y en pueblos fracturados por la guerra; en espacios de reconciliación creados por excombatientes, en los cimientos, acciones y debates del movimiento Defendamos la Paz, y en ciudades que lo reciben con flores y devoción. Y en cualquier escenario él sigue siendo el mismo. El mismo hombre coherente, sencillo, de pensamiento profundo y accesible, de ideas claras y verdades precisas.

#FuerzaIván. Desde todos los rincones de Colombia y tantas coordenadas del mundo, el mensaje tiene un hilo conductor: estamos contigo, eres un valiente y la ciencia y tú van a salir adelante. Te has pasado la vida rescatando la verdad de los agujeros más profundos y nos has dado la mano y la confianza cuando más lo necesitamos. Vas a ganar esta batalla, querido Iván: tienes el corazón lleno de tu propia fortaleza, del amor de los tuyos y del inmenso cariño que sentimos por ti.

Por: Gloria Arias Nieto
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Información tomada www.elespectador.com

Hay momentos en la historia, como señalo acertadamente Gramsci, en que los de arriba no pueden seguir gobernando como lo han hecho y los de abajo no logran cuajar una alternativa política que los conduzca al poder. En Colombia hemos vivido durante los últimos años una situación en la que las alternativas políticas de cambio, de transformación social, por diversas circunstancias no han logrado conformar un nuevo bloque social y político, un nuevo bloque histórico que se abra paso al poder, que tome el gobierno para realizar las reformas estructurales que requiere el país.

Esta situación puede cambiar en este año, siempre y cuando las fuerzas alternativas logren mecanismos que les permitan lograr acuerdos básicos frente a una agenda de transformaciones democráticas, una agenda de transición de un régimen excluyente y oligárquico a un régimen democrático. Porque se trata justamente de eso, de una transición de un régimen autoritario y excluyente a un régimen inclusivo para lo cual se requieren un conjunto de reformas en el plano económico que debe tener como meta superar la enorme desigualdad y superar la pobreza en la que se encuentra hoy el 73% del total de la población. El 42.5% de la población se encuentra en una situación de pobreza monetaria con ingresos inferiores a la línea de pobreza calculados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en 331,800 pesos mensuales, unos 85 dólares y otro 30% de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad es decir que puede caer en una situación de pobreza. Esa situación golpea con mayor fuerza a las mujeres que son el 52% del total de la población y a los jóvenes de ambos sexos.

Frente a esta situación pobreza que se traduce en que 17 millones de personas no cuentan con ingresos para acceder a tres comidas diarias y de ellos 6 millones no comen sino una sola vez al día se requiere una medida de choque, se requiere ya de la puesta en marcha de una renta básica permanente incondicional como derecho de ciudadanía. La propuesta la hemos presentado al Congreso de la República desde el pasado mes de marzo desde la Cumbre por una Renta Básica permanente, sin embargo, fue hundida por la mayoría gobiernista del Congreso. Es una propuesta viable se requieren 2.3 puntos adicionales del PIB lo cual es posible y beneficiaría con un ingreso mensual promedio de 417 mil pesos mensuales a 7 millones cuatrocientas sesenta mil familias.

Ese programa de transición democrática también debe realizar una política de transformación del campo que debe tomar como base una redistribución de la propiedad rural que tiene una de las mayores tasas de concentración de la propiedad en el mundo con un Gini del 0.90% en que 1 sería que hubiese un solo propietario de toda la tierra productiva del país. Esto deberá comenzar por cumplir a cabalidad con el Acuerdo de Paz suscrito por el Estado Colombiano con la guerrilla de las FARC-EP y que busca la conformación de un Fondo de Tierras para la paz que redistribuya tres millones de hectáreas que beneficien a unas 150 mil familias campesinas víctimas y/o campesinas sin tierra que recibirían parcelas sin costo y que además deben recibir asistencia técnica y apoyo para el mercadeo de sus productos. Al mismo tiempo debería enlazarse este programa con la sustitución de los cultivos de uso ilícito en el cual han ingresado cerca de 100 mil familias que deberán beneficiarse del programa puesto que para incorporar estas familias a la economía legal productiva se requiere en muchos casos reubicarlas y se necesita de tierras para que puedan incorporarse a la economía productiva. Al tiempo que se llevan adelante los 16 planes de desarrollo que benefician a cerca de 6 millones de personas que viven en los 170 municipios que fueron el escenario de la confrontación armada entre las guerrillas de las FARC-EP y el Estado. Esos planes que ya fueron formulados con participación ciudadana están desfinanciados, así como el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito. Este gobierno apenas invirtió 1,8 billones de pesos en este plan de erradicación voluntaria mientras que invirtió 4,8 billones de pesos en el plan de erradicación forzada. Es el reflejo del talante autoritario del uribismo-duquismo en el gobierno. Este gobierno puso todos los huevos de combate al narcotráfico en las fumigaciones áreas con glifosato y que no podrá hacerlo porque la Corte Constitucional acaba de tumbarle el plan de manejo ambiental porque no se consultó en debida forma a las comunidades indígenas, afros y campesinas en donde se pretendía comenzar de nuevo las fracasadas aspersiones aéreas que se hicieron por más de 30 años sin resultados de largo plazo.

Como lo señaló el reciente Encuentro Nacional por la Soberanía Alimentaria que sesiono los días 16 y 17 de diciembre de manera semipresencial en Bogotá y que contó con más de mil delegados de todo el país se requieren estas medidas además de poner en  marcha desde ya políticas públicas de fortalecimiento a las economías campesinas como los mercados campesinos, redes de distribución y mercadeo directas entre los productores agropecuarios y los consumidores urbanos, las redes de circuitos cortos  y los cinturones verdes, así como políticas de protección del medio ambiente. Colombia no puede seguir dependiendo de la importación de alimentos. Importamos 14 millones de toneladas de granos trigo, maíz, frijol, que nos han llevado a perder la soberanía alimentaria. Supone como señaló el Encuentro de revisar los tratados de libre comercio que nos han traído a esta situación.

No me detendré por ahora en otros componentes de esa Agenda de Transición Democrática que han sido construidas en el país. Solo añadiré, por ahora, sin desmedro que más adelante me ocupe de algunas de ellas, que se requieren reformas estructurales al sistema de salud, al sistema educativo, al medio ambiente, a la legislación laboral y a las políticas públicas de empleo e ingresos, así como una reforma a las fuerzas armadas y a la seguridad y convivencia ciudadana y que se requiere para avanzar en estas reformas de una reforma tributaria estructural que tenga como meta en cuatro años incrementar los ingresos del Estado en 6% del PIB para llegar a una participación del Estado en el 21% pasando del 16% en que están actualmente las finanzas públicas nacionales. Se requieren esos recursos para financiar las reformas mencionadas, así como se requiere con urgencia de una reforma política democrática que rescate la política del clientelismo y de las mafias para lo que se requiere de la creación de un Tribunal Electoral perteneciente a la rama judicial y un Consejo Nacional Electoral independientes de los partidos políticos. Al tiempo que debe reformarse el poder judicial que es un fracaso tanto en la persecución y al castigo del delito como de las graves violaciones a los derechos humanos. No hay que cerrar la puerta a que se requiera de una constituyente con un temario acotado para emprender las reformas requeridas.

La crisis de hegemonía y el juego de las coaliciones

Cuando los mecanismos de respaldo de la población al régimen y a sus políticas se debilitan o entran en profunda crisis como es el caso de Colombia, el bloque en el poder acentúa los mecanismos represivos y autoritarios. Es lo que vivimos en Colombia desde hace muchos años, pero que se incrementó, por dos razones principalmente. La primera por la desmovilización de la guerrilla de las FARC-EP que legitimaba la represión y el uso de la fuerza contra las movilizaciones y los movimientos sociales, así como en contra de las organizaciones populares. Desaparecidas las FARC-EP desapareció un actor desprestigiado por sus arbitrariedades y por la degradación de sus acciones ilegales y su creciente violación de los derechos humanos, al desaparecer, su opuesto en la guerra que impulso desde el Estado para derrotarlas esas mismas practicas violatorias de los derechos humanos también se debilitó. Es la raíz del debilitamiento del uribismo que era el correlato político de las FARC-EP.

El segundo factor fue la pandemia y el tratamiento que el régimen le dio a la protesta y al levantamiento social. La pandemia desnudo dramáticamente la pobreza y la exclusión social. El confinamiento fracasó porque la gente no tenia los ingresos mínimos para sobrevivir y tuvo que salir a rebuscarse el sustento. A ello hay que agregar la impudicia con que el gobierno de Duque manejo la pandemia. Subsidios pírricos y con baja cobertura para los pobres. Grandes y masivos subsidios a los grandes empresarios y al sector financiero, en medio del hambre y la extensión de la pobreza.  La pobreza y el fracaso del modelo económico neoliberal ya habían hecho crisis antes de la pandemia solo que con ella se profundizaron los niveles de pobreza y de exclusión social. Las protestas masivas desencadenadas el 21 de noviembre de 2019 alrededor del Paro Nacional que se extendió por cuatro semanas con movilizaciones masivas fue respondido por una parte con represión desmedida y por otra parte ignorando sus demandas. El régimen se negó a negociar, ni siquiera concedió el retiro de una reforma que tuvo que ser aplazada en su vigencia por dos años y que en medio del aumento de la pobreza beneficiaba a los grandes empresarios concediéndoles 10,5 billones en rebaja de impuestos. Una política obscena cuando las cifras de pobreza para ese año ya cubrían al 35.7% de la población. Todo ello lo que mostraba era que el elemento de consenso se había debilitado para el régimen, que los de abajo no estaban dispuestos a seguir soportando su miserable situación.

Ello se profundizó con la pandemia y su desastroso manejo que dicho sea de paso fue cohonestado sobre todo por la Corte Constitucional que avaló las medidas de emergencia contenidas en los 119 decretos expedidos bajo el régimen de estado de emergencia ambiental, social y económica. La Corte en su control constitucional apenas enmendó unas cosas menores permitiendo un manejo económico en la emergencia a favor de los grandes conglomerados económicos y financieros que se enriquecieron aún más en la pandemia mientras crece el hambre y la miseria para las mayorías nacionales. Claro el descontento popular se profundizó y se manifestó con mayor fuerza en el paro del año 2021 desencadenado desde el 28 de abril y que se extendió por más de dos meses con movilizaciones masivas y donde se acentuó la represión con 78 asesinatos, decenas de desaparecidos, miles de detenidos y cientos de judicializados, más de 80 jóvenes con lesiones oculares, mujeres violadas y cientos de heridos en las jornadas de protesta. El elemento represivo se profundizó y extendió. Ello culmina con la aprobación de una ley de seguridad que pretende criminalizar la protesta ciudadana.   

Esta crisis de hegemonía es la que se pone a prueba ahora en la coyuntura electoral. Lo que esta en juego, en el primer round de esta batalla, es la composición del Congreso de la República. La campaña para la elección del Congreso por primera vez en muchos años ha asumido una verdadera contienda donde sectores cada vez más amplios de la opinión pública entienden la importancia del Congreso en donde han dominado a sus anchas, parlamentarios afines al régimen neoliberal que con los proyectos aprobados han contribuido al empobrecimiento de la población, a su ruina. En esto ha jugado un papel muy importante el Pacto Histórico y Gustavo Petro que han realizado una amplia pedagogía política sobre la importancia de cambiar el Congreso y a sus corruptos integrantes. En menor medida es el mensaje un tanto menguado el discurso de la Coalición del Centro Esperanza.

A ello también ha contribuido que la política nacional se congrega en la decisión de los candidatos que se presentarán en la primera vuelta presidencial lo que ha facilitado que la batalla por el Congreso adquiera una dimensión nacional y haga parte hoy de la disputa por el poder. Para amplios sectores el cambio que necesita el país requiere de una renovación completa del Congreso para desalojar de allí a los aliados de las mafias, de los clanes regionales y del régimen.

La disputa por la hegemonía se desarrolla entre tres bloques y un outsider. La extrema derecha se agrupa alrededor del Equipo por Colombia donde confluyen los precandidatos Enrique Peñalosa, David Barguil, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Aydee Lizarazo. Hay una disputa por el ingreso del uribismo representado por Oscar Iván Zuluaga que a mi juicio deberá llegar allí porque no tiene otra alternativa y no tiene ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta de llegar a presentarse solo a la primera vuelta presidencial. Lo propio deberá decidir el precandidato de los cristianos John Miltón Rodríguez. La extrema derecha que ha gobernado este país durante muchos años tiene una crisis de liderazgo muy visible. Lo que tiene para mostrar es un modelo económico y social fracasado. No representa ninguna opción para las mayorías nacionales.

En el centro del espectro político se encuentra la Coalición Centro Esperanza que ha ido de un desatino a otro. Es la coalición que tiene más precandidatos presidenciales actualmente siete y podría llegar a ocho dentro de poco si el exministro del medio ambiente Luis Gilberto Murillo decide ingresar a esta consulta. Por lo pronto son siete precandidatos la última en sumarse ha sido Ingrid Betancourt que competirá con Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, Carlos Andrés Amaya y Juan Manuel Galán. Es una coalición sin un perfil programático muy definido pues el programa acordado es un documento de buenas intenciones plagado de generalidades. Uno no sabe si lo que quieren es administrar el estado de cosas actuales, aunque proclaman la necesidad de cambios y tienen como programa común lo cual es importante el cumplimiento de los acuerdos de paz del gobierno con las FARC-EP, pero nada dicen sobre proyectos de transformación social y de reformas que requiere el país. La mayor parte del tiempo esta coalición se ha dedicado a resolver problemas de mecánica electoral y en eso siguen por cuanto para algunos ese enorme listado de precandidatos debería reducirse. Es una coalición que en vez de crecer ha ido perdiendo apoyos y expectativas. Su gran rival para pasar a la segunda vuelta será la coalición de la extrema derecha. Fajardo sigue encabezando las encuestas seguido de Galán en la intención de voto de la consulta. Para completar no lograron ponerse de acuerdo en una sola lista para el senado de la República y concurrirán con dos listas una la mayoritaria la encabeza Humberto de la Calle y la Lista del Nuevo Liberalismo la encabeza la periodista Mabel Lara.

En el Pacto Histórico se agrupa la mayor parte de la izquierda y cuenta en esa consulta con quien encabeza todas las encuestas, Gustavo Petro. Logró y esto es importante presentar una sola lista cerrada en que se intercambian hombres y mujeres, un hecho muy importante y nuevo pues ello asegura que la mitad de las curules elegidas estén ocupadas por mujeres. A mi juicio este bloque es el que mejor ha interpretado la coyuntura y ha sacado ventaja de esta realidad. En su lista hay líderes sociales y de las minorías étnicas. Tuvo fricciones internas pues no era fácil lograr una lista por acuerdos dado que no se aplicaron mecanismos democráticos para ordenar la lista como es lo deseable y es lo que hay que buscar mediante una reforma política. Su programa recoge asuntos esenciales de una agenda de transición democrática para el país y en este sentido tiene cercanía con las bases sociales y las mayorías que buscan un cambio. Lograron hacer de su campaña un reto nacional: cambiar el Congreso para que el Cambio sea viable y posible. A su alrededor pero por fuera de la lista y con una propia se encuentra Fuerza Ciudadana orientada por el gobernador del departamento del Magdalena que tiene el difícil reto de pasar el umbral calculado en 500 mil votos, es posible pero no es tarea fácil.

En esa consulta están Gustavo Petro que de lejos es quien encabeza las encuestas 84% para ganarla contra un 7.5% de intención de Voto por Francia Márquez la lideresa ambientalista y afro, luego aparece el recién llegado a esa consulta que proviene del Partido Alianza Verde, Camilo Romero con 4,5% de intención de voto y más atrás están Arelis Uriana una líder indígena Wayuu y el pastor cristiano Alfredo Saade, también respalda esa consulta el senador Luis Fernando Velasco quien ha solicitado el aval del Partido Liberal el cual no ha obtenido hasta ahora. Todas las encuestas indican que esa lista del Pacto Histórico será la más votada. El interrogante es cuanto del voto del candidato Petro se podrá trasladar a esa lista de ello dependerá el tamaño de su votación. Un problema de esta consulta es que no es competitiva internamente y eso puede llevar a que muchos electores que dan por supuesto que Petro ya ganó se trasladen a otras consultas sobre todo a la del centro para tratar de influir en sus resultados lo que debilitará a Petro para afrontar la primera vuelta.

En la batalla por el Congreso no participa el outsider Rodolfo Hernández exalcalde Bucaramanga un empresario chabacano, mal hablado, trumpiano, que agita las banderas populistas desde el centro derecha y anuncia la lucha contra la corrupción, aunque tiene varias investigaciones abiertas por aparentes malos manejos de los recursos públicos. Marcha de segundo en las encuestas por ahora y el uribismo no descartaría apoyarlo si no logra resolver los problemas de la coalición de la derecha. En la batalla por el Congreso Hernández no participa pues no tiene una estructura nacional. Su futuro a mi juicio depende de cómo le vaya a la coalición de derecha. Su única oportunidad es que esa coalición no cuaje, si es así tendría su oportunidad para erigirse en la competencia y enfrentar a Petro en una segunda vuelta. Su suerte también depende de si la coalición de centro finalmente despega y derrota a la coalición de la derecha y pasa a segunda vuelta a disputar con Petro a quien todas las encuestas lo dan seguro, pasando a la segunda vuelta.

Así están las cosas y el primer round será este 13 de marzo en que se prevé un remezón político que ojalá produzca un sustantivo cambio en la composición del Congreso para que realmente el cambio sea posible y se pueda avanzar en una agenda de transición democrática para el país.

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur

Fuente: https://www.bluradio.com/nacion/paro-28-de-abril-razones-de-la-protesta-y-los-puntos-de-concentracion-en-las-principales-ciudades

Foto tomada de: https://www.bluradio.com/nacion/paro-28-de-abril-razones-de-la-protesta-y-los-puntos-de-concentracion-en-las-principales-ciudades

Por: Pedro Santana Rodríguez
Filed Under: Revista Sur, RS Desde el sur
Información tomada de: https://www.sur.org.co/2022-el-ano-del-cambio-en-colombia/

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El subpresidente Iván Duque y sus secuaces están empanicados porque saben que están en la recta final de estos tortuosos cuatro años de corruptela y presienten que el próximo mandatario no será uno de los suyos. El susto es justificado, tanto porque perderán el botín de lo burocracia y los contratos, como porque si llega otro inquilino con un equipo honorable que deje atrás la orgía de la “Casa Nari” tendrán que responder ante la justicia por lo que hicieron o dejaron de hacer para favorecerse ellos, los suyos y su entorno social y de negocios. Hoy están en los gozosos, pues saben que nadie los tocará porque lamentablemente ni la Fiscalía ni los organismos de control tienen ojos para vigilar ni sancionar a la caterva de buscadores de tesoros que conviven en el régimen más corrompido de la historia.

El resultado era previsible. Conscientes de que se les vienen días aciagos, estos avivatos sinvergüenzas que andan en carros blindados rodeados de ejércitos de escoltas pagados por el erario están aprovechando el cuarto de hora que les queda para terminar de enriquecerse y de acomodar documentos y pruebas para que cuando lleguen otros nadie pueda ver las cenizas ni queden rastros de sus audacias.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien pontifica en sus tediosas entrevistas sobre la lucha contra la corrupción, sin embargo anda más que enredada usando su poder y sus influencias para que la Capitanía del Puerto de Cartagena le apruebe la viabilidad de una nueva marina de yates, que, en opinión de expertos, destruiría parte del acervo histórico del “Corralito de Piedra”. En efecto, el proyecto conocido como “Heroica Marina Club” significaría además la construcción de atracadores en la Bahía de las Ánimas, al lado del Centro de Convenciones, donde espera atracar un yate adivinen propiedad de quién. Esta gestión coincide con los beneficios en el proyecto de Protección Costera para una empresa en la que tiene intereses el cónyuge de la vicepresidenta, un avezado constructor, que por estos tiempos de gobierno íntimo ha vivido navegando en la bonanza mientras los demás padecen penurias. El veedor cartagenero, Antonio Coquel Tuñón, ha denunciado estos sucesos impresentables, pero no habido quién le pare bo
las porque, claro, ello alteraría los planes de una vicepresidenta ambiciosa que predica pero no aplica.

Ese es el talante de este régimen que está por concluir. Por eso lo que revelaron Noticias Uno y Daniel Coronell sobre los jugosos e indelicados contratos de la Universidad Sergio Arboleda —la caja menor del régimen— con el fiscal Barbosa, el exmagistrado Pretel, el excomisionado Ceballos y seguramente con otros consentidos del gobierno, es la punta del iceberg. Allá creen que como se trata de una fundación sin ánimo de lucro, pueden hacer y deshacer con sus bienes, como en efecto ha ocurrido en otros centros universitarios gobernados por años bajo la tiranía de un grupo familiar, en los que se han visto cosas tan aberrantes como rectores que consienten a sus queridas con cuantiosos e inútiles contratos. Tampoco en la educación superior hay quien vigile, porque la ministra es un alfil que sabe de qué lado soplan los vientos favorables para su carrera política.

De la contratitis crónica tampoco se ha escapado el peligroso ministro de Defensa, Diego Molano, quien ha propiciado convenios con sus amigas para ejecutar campañas falsas en redes sociales, como con Alotrópico, entre otros trabajitos.

Han llegado al extremo en este gobierno de darle tratamiento de jefe de Estado a un chisgarabís ecuatoriano de ultraderecha que vino desde Quito a entregar supuestas pruebas contra Santos y Piedad Córdoba, y Duque, experto en cortinas de humo, convirtió esto en acto solemne para perpetrar otra de sus persecuciones, de las muchas que agencia, con la esperanza de que cuando se vaya no quede nadie que pueda criticarlo.

Y a todas estas María Paula Correa —la Maquiavelo—, dueña de Duque y del aire que respiramos, confiada en la ingenuidad colectiva pretende que le creamos su cuento de que le “asaltaron su buena fe” con los contratos multimillonarios que varias entidades oficiales prodigaron a las cónyuges de su mano derecha y del secretario jurídico de la Presidencia. ¡Qué tal! La poderosa asaltante, asaltada.

Adenda. ¿Cuál la fórmula para ponerse a salvo de atracos? ¿Acaso vender todo o vivir en otra ciudad o en el exterior, como pasa en Venezuela?


Por:  Ramiro Bejarano Guzmán
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Información tomada de: elespectador.com

 

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